Normativa de Ciberseguridad en Sudáfrica

Con el crecimiento generalizado de Internet, Sudáfrica se ha vuelto muy dependiente de ella para sus asuntos económicos. Este intercambio de datos autogenerados es una bendición para todas las transacciones comerciales e incluso para las interacciones sociales. La creciente dependencia del mundo digital plantea importantes preocupaciones sobre la ciberseguridad.

La ciberdelincuencia es un problema mundial que ha afectado a Sudáfrica, tanto en el sector privado como en el gobierno. Las pérdidas financieras han sido de miles de millones y podrían seguir aumentando si no se aplican medidas más estrictas. El principal objetivo del continente africano es principalmente Sudáfrica debido a su alta tasa de conectividad, riqueza y PIB per cápita.

Los delitos informáticos cuestan al país más de 1.000 millones de rands (64.000 millones de dólares) al año. Casi la mitad de estas pérdidas se deben a fraudes con tarjetas de débito. Sudáfrica ocupa el puesto 11 (434 denuncias) en cuanto a los países más afectados del mundo. Ante el aumento de los delitos cibernéticos, el gobierno implementa normas de cumplimiento más estrictas para proteger a sus ciudadanos y entidades comerciales. Se han introducido múltiples normas de cumplimiento para reducir las filtraciones de información confidencial y los ataques posteriores.

Esta es la normativa de ciberseguridad en Sudáfrica.

Cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad en Sudáfrica

El camino hacia la implementación de la normativa de ciberseguridad comenzó hace mucho tiempo. Sudáfrica imaginó acertadamente la importancia de Internet y sus ventajas y desventajas. En 2012, el Gabinete sudafricano adoptó el Marco Nacional de Políticas de Ciberseguridad (NCPF, por sus siglas en inglés) para diseñar un enfoque centralizado para garantizar la ciberseguridad del país.

La NCPF aborda las disputas entre: diferentes agencias, marcos legales, una conciencia pública insuficiente y una falta de capacidad, habilidades y recursos. Establece pautas de seguridad en Sudáfrica para que el gobierno desarrolle políticas y estrategias integrales de ciberseguridad. Existen múltiples marcos de cumplimiento a los que Sudáfrica adhiere:

POPIA

En Sudáfrica, la seguridad de los datos está regulada por la Ley de Protección de Información Personal (POPIA). El 1 de julio de 2021 entró en vigor la implementación material de las disposiciones más importantes de la POPIA, que promueve la protección de los datos personales tratados por organismos públicos y privados.

En él se describen los siguientes puntos: derechos de los interesados, regula el flujo transfronterizo de datos personales, e introduce obligaciones obligatorias de notificación e información sobre violaciones de datos. También tiene el poder de imponer sanciones por infringir la ley. La condición de salvaguarda de la Ley POPIA establece que una persona debe garantizar la confidencialidad de los datos personales. Esto es necesario para evitar la pérdida, el daño, el acceso no autorizado o la destrucción de los datos personales.

POPIA pone a Sudáfrica a la altura de las leyes internacionales de protección de datos. Esto se logra regulando el procesamiento de datos personales de personas y entidades. Si existen motivos para creer que se han violado datos personales en relación con POPIA, la parte responsable debe notificarlo al controlador de datos. En caso de una violación de datos, la empresa también puede estar sujeta a: sanción administrativa, o acción civil y demanda colectiva.

PCI-DSS

El Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) es un estándar de seguridad de la información para organizaciones, especialmente para aquellas que administran tarjetas de crédito de marca de los principales esquemas de tarjetas. PCI DSS es un estándar que todas las organizaciones de Sudáfrica y los comerciantes en línea deben seguir al almacenar, procesar y transmitir la información de las tarjetas de crédito de sus clientes.

El cumplimiento de PCI DSS es uno de los estándares de seguridad más exigentes y codiciados de la industria en la actualidad. Con seis objetivos, 12 requisitos y más de 300 subrequisitos, ayuda a las organizaciones a reducir y minimizar el riesgo de que sus sistemas de pago y los datos de los titulares de tarjetas se vean comprometidos.

La certificación PCI abarca varias prácticas recomendadas conocidas, tales como:

  • Instalación de cortafuegos
  • Cifrado de transmisiones de datos
  • Uso de software antivirus

Además, las organizaciones también deben restringir el acceso a los datos de los titulares de tarjetas y a los recursos de la red. El cumplimiento de PCI se divide en cuatro niveles. Esto se basa en la cantidad anual de transacciones con tarjeta de crédito o débito en los procesos comerciales.

El cumplimiento PCI es un referente mundial que garantiza la seguridad a los clientes. El coste de una violación de seguridad, tanto monetario como reputacional, debería ser suficiente para convencer a cualquier propietario de una empresa de tomar en serio la seguridad de los datos. PCI es una norma obligatoria para cualquier organización en Sudáfrica que se ocupe de transacciones financieras para garantizar la seguridad, la protección y la confianza.

Ley de Delitos Cibernéticos

Como parte de las medidas para hacer frente al creciente flagelo de los delitos cibernéticos, el 1 de diciembre de 2021 se promulgó oficialmente en Sudáfrica la Ley de delitos cibernéticos núm. 19 de 2020. Representa una respuesta legislativa integral al panorama cambiante de las amenazas cibernéticas en Sudáfrica.

El objetivo principal de esta ley es crear disposiciones y penalizar diversas formas de delitos relacionados con los delitos cibernéticos y establecer mecanismos para la investigación, el enjuiciamiento y la prevención de los delitos cibernéticos. Abarca una amplia gama de actividades ilícitas, entre ellas, el acceso ilícito, la interceptación ilícita de datos, la interferencia ilícita en datos y programas/sistemas informáticos, así como el fraude cibernético.

Establece disposiciones que abordan los delitos cibernéticos, así como sanciones para quienes sean declarados culpables de cometerlos. Esto significa que las personas que participen en actividades como la piratería maliciosa o la propagación de virus informáticos pueden enfrentarse a multas o incluso a penas de prisión.

Otro aspecto clave de la ley es que prevé la jurisdicción extraterritorial. A este respecto, otorga a los tribunales sudafricanos la facultad de tratar tanto los delitos cibernéticos perpetrados dentro de Sudáfrica, como aquellos que afectan a los intereses sudafricanos, incluso si pueden ocurrir fuera del país.

Propósito

La ley reconoce el delito cibernético como un delito penal en el derecho sudafricano. La legislación, que es de naturaleza posterior a un incidente, define diferentes tipos de delitos cibernéticos y proporciona métodos para su investigación. Era imperativo que Sudáfrica tuviera definiciones claras de delitos cibernéticos para poder regularlos y perseguirlos de manera eficaz. Estos delitos incluyen la extorsión cibernética, el acceso ilegal a un sistema informático o a un medio de almacenamiento de datos informáticos, el fraude cibernético y las comunicaciones maliciosas, incluida la distribución ilegal de imágenes íntimas.

La ley afecta a todas las personas y organizaciones de Sudáfrica que utilizan Internet para comunicarse o procesar datos. Los profesionales en materia de riesgos y gobernanza cibernética tendrán que asegurarse de que sus organizaciones cumplan con la ley.

El aumento del uso de la tecnología para la comunicación, en particular durante la pandemia de COVID 19, y el aumento de los ciberataques durante el período de confinamiento que comenzó a principios de 2020, han mantenido el impulso del gobierno para intensificar la regulación de los delitos cibernéticos.

Eficacia

La eficacia de la Ley de Delitos Cibernéticos depende de varios factores clave, a saber:

Aplicación y cumplimiento

El éxito de la aplicación y cumplimiento de la Ley depende de la capacidad y la disposición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el poder judicial y otras partes interesadas pertinentes para hacer frente de manera significativa a los delitos cibernéticos. Asegurar que estas partes interesadas tengan la capacitación, los recursos y la cooperación adecuados será crucial para la aplicación y cumplimiento efectivos de la Ley. Es esencial proporcionar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley las herramientas y los conocimientos necesarios para hacer frente a los delitos cibernéticos de manera eficiente.

Avances tecnológicos y adaptabilidad

Las amenazas cibernéticas evolucionan muy rápidamente, lo que requiere actualizaciones y modificaciones continuas del marco legislativo para mantenerse al día con los desafíos emergentes. El amplio alcance de la Ley cubre varias formas de delitos cibernéticos, lo que ayuda a abordar muchas amenazas contemporáneas.

Sin embargo, para garantizar que la legislación siga siendo relevante y eficaz en la lucha contra nuevos tipos de amenazas cibernéticas, es fundamental que se realicen revisiones y modificaciones periódicas de la Ley. Esta supervisión legislativa constante y la incorporación de nuevas disposiciones ayudarán a dar cabida a los avances en la tecnología y a los cambios en las tácticas y los riesgos de los delitos cibernéticos;

Cooperación internacional

Dada la naturaleza transnacional de las amenazas cibernéticas, la cooperación internacional es esencial para combatir eficazmente los delitos cibernéticos. La Ley facilita la colaboración con homólogos extranjeros mediante tratados de asistencia jurídica mutua y mecanismos de intercambio de información. Al trabajar junto con otros países, Sudáfrica puede mejorar su capacidad para rastrear y detener a los ciberdelincuentes que operan a través de las fronteras.

Esta cooperación implica compartir inteligencia, coordinar investigaciones conjuntas y brindar apoyo legal, asegurando que los ciberdelincuentes sean llevados ante la justicia, independientemente de dónde se encuentren. El fortalecimiento de las alianzas internacionales ayuda a construir una red mundial de defensa contra las amenazas cibernéticas, lo que dificulta que los delincuentes exploten los límites jurisdiccionales; y

Colaboración entre el sector público y el privado

La colaboración entre el gobierno, el sector público y el sector privado es vital para un enfoque integral de la ciberseguridad. El gobierno desempeña un papel fundamental en el establecimiento de políticas, regulaciones y normas para salvaguardar la infraestructura y los datos nacionales. El sector público, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los organismos reguladores, proporciona conocimientos y recursos para la prevención y la respuesta a los delitos cibernéticos.

Mientras tanto, el sector privado, que comprende empresas y organizaciones, aporta conocimientos, innovaciones e inversiones valiosas en soluciones de ciberseguridad, fomentando un esfuerzo colectivo para abordar las amenazas cibernéticas de manera eficaz. Esta colaboración garantiza que las medidas de ciberseguridad sean sólidas, coordinadas y alineadas con las necesidades de todas las partes interesadas, lo que en última instancia mejora la resiliencia del entorno digital.

El cibercrimen plantea una amenaza cada vez mayor en todo el mundo a medida que avanza la tecnología. La Ley de Delitos Cibernéticos de Sudáfrica representa una respuesta proactiva a los crecientes riesgos de las amenazas cibernéticas, al proporcionar un marco jurídico integral para combatir los delitos cibernéticos. Sin embargo, su eficacia depende de una aplicación rigurosa, la capacidad de adaptación a los avances tecnológicos, la protección de las libertades civiles, la cooperación internacional y la colaboración entre los sectores público y privado. Al abordar estos aspectos clave, Sudáfrica puede fortalecer su resiliencia frente a las amenazas cibernéticas y fomentar un entorno digital más seguro para sus ciudadanos, sus empresas y la economía en general.

Marco Nacional de Políticas de Ciberseguridad (NCPF)

El Marco Nacional de Políticas de Ciberseguridad (NCPF) representa una medida estratégica del gobierno sudafricano para abordar los desafíos y amenazas que plantea la era digital a través de un enfoque colaborativo y bien regulado que involucra a múltiples partes interesadas.

El NCPF abarca diversos aspectos de la ciberseguridad, incluida la protección de la infraestructura de información crítica, la lucha contra el cibercrimen y el establecimiento de normas y protocolos de ciberseguridad. Describe las funciones y responsabilidades de los diferentes organismos gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil en la mejora de la ciberseguridad.

El marco tiene como objetivo centralizar la coordinación de las actividades de ciberseguridad, fomentar la cooperación entre diversas partes interesadas, promover la colaboración internacional, desarrollar habilidades y capacidades en materia de ciberseguridad y garantizar un ciberespacio seguro que apoye la seguridad nacional y la prosperidad económica.

El documento detalla la creación de un Comité de Respuesta a la Ciberseguridad, dirigido por la Agencia de Seguridad del Estado, para supervisar y coordinar las iniciativas en materia de ciberseguridad. También analiza la creación del Centro de Ciberseguridad dentro del Departamento de Telecomunicaciones y Servicios Postales para facilitar las asociaciones público-privadas y gestionar los incidentes de ciberseguridad.

El NCPF destaca la necesidad de revisar y alinear la legislación vigente con la nueva política de ciberseguridad para garantizar un marco jurídico coherente. También analiza el papel de los distintos departamentos gubernamentales en la implementación de la política, incluidos los de justicia, defensa y comunicaciones.

Comité de Respuesta a la Ciberseguridad (CRC)

El Comité de Respuesta a la Ciberseguridad (CRC) se creó como un componente clave del NCPF para supervisar y coordinar las iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad. Según el NCPF, las responsabilidades del CRC incluyen:

  • Implementación de medidas e iniciativas de ciberseguridad.
  • Coordinación de actividades de ciberseguridad en todos los departamentos y agencias gubernamentales.
  • Asesoramiento al gobierno en materia de ciberseguridad.
  • Facilitar el desarrollo de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) específicos para cada sector.
  • Fomentar la concienciación y la educación sobre la ciberseguridad.

Sin embargo, la eficacia del CRC en el cumplimiento de estas funciones ha sido limitada. El comité ha tenido dificultades para hacer valer su autoridad e impulsar avances significativos en las iniciativas nacionales de ciberseguridad. Este bajo rendimiento puede atribuirse a numerosos factores, entre ellos las limitaciones de recursos, la falta de una aplicación clara del mandato y la insuficiente interacción con las partes interesadas pertinentes.

Reflexiones finales

Gracias a la rápida adopción de las tecnologías más novedosas, Sudáfrica está ascendiendo en el mercado global. Aunque se trata de una gran noticia para una nación joven, necesita avanzar mucho. Para superar los desafíos apremiantes, tiene que esforzarse por cumplir con las normas para garantizar la confianza y la seguridad de las empresas. Con estos esfuerzos bien encaminados, Sudáfrica allanará el camino para un crecimiento y una expansión masivos en el futuro en el mercado global.